¿Podría un albañil de Vélez-Málaga hacer lo que hace Pino?: Obras sin medidas de seguridad, prevención y sin autorización

Las imágenes difundidas muestran a varios miembros de Andalucía Por Sí realizando trabajos materiales sobre una calzada: limpieza de un bache, preparación de mezcla, vertido de producto tipo mortero u hormigón, extendido manual y uso de herramientas en plena vía pública. La actuación, comandada políticamente por José Pino, portavoz de Andalucía Por Sí en Vélez-Málaga, abre una pregunta de fondo: ¿puede un partido político intervenir físicamente una calle como si se tratara de una brigada de obras? ¿Podría un albañil de Vélez-Málaga incumplir lo que incumple Pino?

La escena, más allá de su evidente carga propagandística, plantea dudas relevantes desde el punto de vista de la legalidad administrativa, la prevención de riesgos laborales, la seguridad vial y la posible cobertura de quienes participaron en los trabajos.

Conviene ser precisos: las imágenes, por sí solas, no permiten afirmar si existía autorización municipal, seguro, alta en Seguridad Social, plan preventivo o cobertura específica. Pero sí permiten detectar indicios preocupantes que justificarían una revisión por parte de los servicios municipales, Policía Local o, llegado el caso, la Inspección de Trabajo.

Una acción política que podría haber cruzado la línea

No estamos ante una simple fotografía de denuncia, ni ante una comparecencia frente a un desperfecto urbano. En las imágenes se aprecia una actuación material sobre el firme de una carretera o calle: se manipula producto de obra, se prepara una mezcla en un capazo, se vierte sobre el asfalto y se extiende sobre una zona deteriorada.

Esa diferencia es esencial. Una cosa es denunciar públicamente el estado de una vía y otra muy distinta es actuar directamente sobre el dominio público, especialmente si se trata de una calzada abierta al tránsito de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones.

La normativa de prevención de riesgos laborales no se limita a los grandes tajos ni a las obras de gran envergadura. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el marco general de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo evaluación de riesgos, medidas preventivas, formación, equipos de protección e información.

Posibles fallos visibles en las imágenes

A simple vista, la actuación presenta varios puntos críticos.

El primero es la aparente ausencia de señalización y balizamiento. No se aprecian conos, vallas, señales de obra, corte de carril, desvío peatonal ni presencia de personal regulando el tráfico. Trabajar sobre una calzada sin proteger la zona puede generar riesgo de atropello, alcance por vehículos o caída de terceros.

El segundo es la falta aparente de equipos de protección individual suficientes. Se observan guantes en algunos participantes, pero no se aprecia de forma clara el uso generalizado de chalecos reflectantes, calzado de seguridad homologado, gafas de protección o mascarillas frente al polvo. La manipulación de productos cementosos o similares puede producir irritaciones, lesiones cutáneas, salpicaduras o inhalación de polvo.

El tercero es la ausencia visible de dirección técnica. Reparar un bache no consiste solo en echar mezcla sobre un agujero. Hay que valorar el tipo de firme, la compactación, la adherencia, el tiempo de fraguado, la resistencia al tráfico y el riesgo posterior para motoristas o peatones. Una reparación deficiente puede convertirse en un peligro añadido.

El cuarto es el riesgo para terceros. Si el material no queda correctamente compactado, si se desprende, si deja gravilla o si genera una superficie irregular o resbaladiza, podría provocar una caída o un accidente. En ese caso, la cuestión dejaría de ser política y pasaría al terreno de la responsabilidad civil o administrativa.

El voluntariado no lo cubre todo

Uno de los argumentos que podría utilizarse para justificar la actuación sería presentarla como una acción voluntaria. Sin embargo, el voluntariado tiene límites. La Ley 45/2015 define el voluntariado como actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, de forma solidaria, libre, sin contraprestación económica y a través de entidades de voluntariado con programas concretos.

Es decir, no basta con decir "lo hacemos gratis" para que cualquier actividad quede automáticamente amparada como voluntariado.

La acción voluntaria no debería servir para sustituir trabajos profesionales, servicios públicos o actuaciones técnicas que requieren autorización, seguridad y cualificación. Y menos aún cuando se interviene sobre una calzada, se manipulan materiales de obra y se puede afectar a la seguridad de conductores y peatones.

La propia normativa andaluza de voluntariado también exige que las actividades se desarrollen de forma organizada a través de entidades de voluntariado y con arreglo a programas concretos.

Por tanto, la pregunta periodística es clara: ¿estamos ante voluntariado real o ante una intervención política sobre una infraestructura pública sin los controles exigibles?

El papel de José Pino y Andalucía Por Sí

El hecho de que la actuación aparezca vinculada a miembros de Andalucía Por Sí y al entorno político de José Pino introduce un elemento de responsabilidad pública. Un portavoz municipal no es un vecino anónimo. Es un cargo político que conoce, o debería conocer, que las calles son dominio público y que cualquier intervención sobre ellas debe realizarse con garantías.

Si un representante político denuncia el mal estado de una vía, está en su derecho. Si reclama al Ayuntamiento una actuación urgente, también. Pero si su formación política decide actuar materialmente sobre la calzada, la cuestión cambia: ya no se trata solo de fiscalización política, sino de una posible intervención no autorizada sobre un espacio público.

Ahí es donde surge el posible conflicto legal: un partido no puede funcionar como una brigada de obras paralela al Ayuntamiento, salvo que exista autorización, cobertura técnica, medidas de seguridad y responsabilidad claramente definida.

¿Qué pasaría si acudiera la Inspección de Trabajo?

En una simulación razonable, si la Inspección de Trabajo o la Policía Local acudieran al lugar, podrían empezar por identificar a todos los participantes y preguntar quién organizó la actuación, quién compró los materiales, quién dio instrucciones, si había permiso municipal, si existía seguro de responsabilidad civil, si había evaluación de riesgos y si los participantes estaban dados de alta o actuaban bajo un programa de voluntariado formal.

Si se acreditara que existía una prestación organizada de servicios sin alta en Seguridad Social, la situación podría derivar en actas de infracción. La LISOS contempla como infracción grave no solicitar el alta de trabajadores que ingresen al servicio de un empleador, y la normativa sancionadora en materia social prevé multas y responsabilidades que pueden agravarse según el caso.

Además, si se detectaran incumplimientos preventivos —trabajo en calzada sin señalización, falta de EPIs, ausencia de evaluación de riesgos o exposición a productos sin protección— podrían abrirse actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. La LISOS regula las sanciones por infracciones leves, graves y muy graves en el orden social, incluidas las de prevención.

Y si hubiera un accidente posterior, el foco se ampliaría: quién ejecutó el parcheo, con qué autorización, con qué material, bajo qué supervisión y con qué seguro.

La calle no es un plató electoral

El fondo del asunto no es si una formación política puede denunciar baches. Puede hacerlo. Debe hacerlo si lo considera oportuno. El problema aparece cuando la denuncia se transforma en una actuación física sobre una vía pública.

Una calle no es un escenario electoral donde cualquiera pueda intervenir con cemento, cubos y cepillos. Es un espacio sometido a normas, permisos, seguridad vial y responsabilidad pública. La buena intención, si la hubiera, no sustituye al permiso municipal. La propaganda no sustituye a la prevención. Y el voluntariado no puede convertirse en un atajo para realizar trabajos de mantenimiento urbano sin garantías.

Conclusión

Las imágenes dejan una duda de enorme relevancia pública: ¿actuó Andalucía Por Sí dentro de la legalidad o convirtió una denuncia política en una reparación irregular de una calzada?

Si existían permisos, seguros, cobertura preventiva y autorización técnica, deberían mostrarse para despejar cualquier sospecha. Pero si no existían, la actuación podría representar un precedente preocupante: un partido político interviniendo sobre la vía pública, con posible riesgo para sus propios miembros, para los peatones y para los conductores.

La cuestión ya no es solo el bache. La cuestión es si, con el beneplácito político de José Pino, Andalucía Por Sí cruzó la línea que separa la denuncia vecinal de una posible actuación irregular sobre el dominio público.