El autor de Vélez-Costa deja 'vendido' a un supuesto colaborador y pide clemencia ante la que se le viene encima
El responsable de la página de Facebook Vélez-Costa parece haber comenzado a comprender la dimensión jurídica de sus propias publicaciones. Después de meses difundiendo documentación interna, informes policiales, fotografías y datos relacionados con trabajadores de EMVIPSA, la página ha pasado del tono desafiante al victimismo y a la petición desesperada de auxilio a partidos políticos, medios de comunicación y seguidores.
Lo más llamativo es que, en su intento por defenderse, el autor de Vélez-Costa puede haber dejado completamente expuesto a quien presuntamente le facilitó la documentación.
Los documentos publicados por la propia página no sostienen el relato de una supuesta "guerra personal" de Jesús Pérez Atencia. Lo que reflejan es una actuación promovida por EMVIPSA para investigar la obtención, cesión y difusión no autorizada de documentación interna perteneciente a un expediente disciplinario, además de un atestado policial y fotografías de dependencias municipales.
La diferencia es fundamental.
No se plantea actuar contra Vélez-Costa por criticar políticamente a Atencia, sino por la posible obtención y publicación de documentos internos que, según la propuesta de acuerdo, contendrían datos personales especialmente protegidos.
Una marca de agua que señala el camino de la filtración
El documento de EMVIPSA recoge un elemento especialmente comprometedor: la documentación difundida incorporaba la marca de agua "ENTREGADA A UGT EL DÍA 05/11".
Según el informe mencionado en la propuesta, esta circunstancia constituiría un indicio relevante sobre el origen de la filtración y podría derivar en responsabilidades penales, civiles, laborales y administrativas.
Es decir, Vélez-Costa no se habría limitado a recibir una información verbal o una denuncia anónima. Habría publicado documentación identificable, con una marca que permitiría seguir el recorrido interno del expediente y determinar quién tenía acceso a él.
En vez de proteger a su fuente, comprobar el origen legal de los archivos o eliminar cualquier elemento identificativo, la página decidió exhibirlos públicamente y volver a difundirlos ahora para alimentar su campaña contra Atencia.
El resultado es que el supuesto colaborador queda señalado por la propia documentación que Vélez-Costa ha publicado.
Acciones contra el depositario y contra el editor
La documentación es todavía más clara al referirse a las posibles acciones judiciales.
Una de las propuestas plantea aprobar el ejercicio de acciones penales contra el representante sindical depositario de la documentación y contra el editor de la página de Facebook Vélez-Costa, con la personación de EMVIPSA como acusación particular.
También se acuerda formular una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y solicitar medidas cautelares de bloqueo y retirada de los contenidos.
Por tanto, la actuación no estaría dirigida únicamente contra la página, sino contra las distintas personas que pudieran haber participado en la custodia, obtención, cesión, difusión o publicación de la documentación.
Esto desmonta el argumento de que todo responde a un supuesto ataque personal de Atencia para silenciar críticas políticas.
La propuesta habla expresamente de defender los intereses de la sociedad municipal, de sus trabajadores y del correcto cumplimiento de las obligaciones legales de EMVIPSA.
Vélez-Costa pide ahora que alguien lo salve
Tras conocer la posibilidad de tener que responder ante los tribunales, el autor de Vélez-Costa ha multiplicado las llamadas de auxilio. Pide a la oposición que intervenga. Reclama a otros medios de comunicación que conviertan el asunto en un escándalo nacional. Solicita a sus seguidores que compartan masivamente la publicación. Acusa a los medios locales de estar "comprados" y trata de presentar cualquier acción judicial como una persecución política.
La página que durante meses presumía de valentía y aseguraba tener información que nadie más poseía pide ahora una especie de clemencia pública antes de que las actuaciones judiciales comiencen a esclarecer cómo consiguió los documentos y quién se los entregó.
Vélez-Costa intenta convencer a sus lectores de que se pretende cerrar la página por informar. Sin embargo, la documentación que él mismo ha difundido apunta a otra cuestión mucho más seria: la posible publicación no autorizada de documentos internos y datos personales protegidos.
No se trata de censurar una opinión.
Se trata de aclarar quién sacó la documentación de EMVIPSA, quién se la entregó a la página, quién decidió publicarla y si en ese proceso se vulneraron derechos de trabajadores y terceras personas.
Atencia no contrató un abogado para una disputa privada
La acusación central de Vélez-Costa consiste en afirmar que Jesús Pérez Atencia habría contratado con dinero público a un abogado para librar una guerra personal contra la página.
Los documentos muestran algo diferente.
La propuesta se eleva a los órganos de dirección de una sociedad municipal para proteger los intereses de EMVIPSA, investigar una posible brecha de información, exigir la retirada de contenidos y depurar las responsabilidades que pudieran existir.
La designación de un letrado y una procuradora aparece vinculada a la representación y defensa de los intereses de EMVIPSA en los procedimientos que pudieran resultar necesarios.
Además, el acuerdo ratifica actuaciones de la Dirección-Gerencia, comunicaciones al trabajador afectado, requerimientos para retirar contenidos, medidas para asegurar las pruebas y la incoación del correspondiente expediente disciplinario interno.
No es, por tanto, una simple decisión particular de Atencia para defender su honor personal, como intenta hacer creer Vélez-Costa. Es una actuación societaria relacionada con documentación propiedad de una empresa municipal y con los datos de sus empleados.
La contradicción es evidente.
Vélez-Costa quiere investigar, acusar y condenar públicamente a los demás, pero considera persecución que sus propias actuaciones sean investigadas por las instituciones competentes.
Publicar documentos tiene consecuencias
Durante meses, Vélez-Costa ha tratado de construir una imagen de impunidad alrededor de su página. Sus responsables parecen creer que esconderse detrás de un perfil de Facebook les permite lanzar cualquier acusación, señalar a trabajadores y publicar documentos internos sin rendir cuentas.
Pero la libertad de información no elimina las obligaciones relacionadas con la protección de datos, la intimidad de las personas o el posible carácter reservado de determinados documentos.
Tampoco permite presentar como hechos probados acusaciones de corrupción, extorsión o prácticas mafiosas sin una resolución judicial que las respalde.
Será la Justicia la que determine si existió una filtración ilegal, quién participó en ella y qué responsabilidades corresponden a cada persona.
Lo que ya resulta evidente es que el autor de Vélez-Costa ha pasado de presumir de sus filtraciones a pedir ayuda para evitar las consecuencias. Y en ese giro desesperado puede haber cometido su mayor error: publicar documentos cuya propia marca de agua conduce directamente hacia el origen de la información y deja "vendido" al supuesto colaborador que hizo posible su campaña.
Vélez-Costa aseguraba no tener miedo. Su última publicación demuestra todo lo contrario.