El PSOE de Vélez se desentiende del miembro de su ejecutiva local que robó documentos sensibles de asuntos sociales
La sentencia ha sido un mazazo judicial… y un misil político. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no solo ratifica el despido disciplinario del conserje de EMVIPSA: avala que intentó llevarse 17 documentos oficiales con información personal y sensible de la Delegación de Derechos Sociales e Igualdad y deja escrito que los hechos presentan incluso «ribetes delictivos».
Y a partir de ahí, estalla la tormenta.
Un fallo demoledor
El alto tribunal desestima íntegramente las pretensiones del trabajador —que alegaba nulidad, improcedencia, cesión ilegal y vulneración de derechos fundamentales— y respalda la actuación municipal adoptada en junio de 2024.
Los magistrados consideran acreditado que los documentos estaban vinculados a expedientes de extranjería y contenían datos sensibles. La decisión disciplinaria, concluyen, respondió a una causa objetiva de relevancia.
Traducido: la Justicia avala el despido sin matices.
La bomba política: el vínculo con el PSOE
El terremoto no viene solo por el contenido de la sentencia, sino por la militancia y responsabilidad orgánica del despedido dentro del PSOE de Vélez-Málaga en el momento de los hechos.
El coordinador general del PP de Málaga ha exigido explicaciones públicas y ha cuestionado que una persona con carné socialista y cargo en la ejecutiva local estuviera implicada en un intento de sustracción de documentación sensible.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz del GIPMTM, Jesús Pérez Atencia, acompañado por Juan García, ha defendido con contundencia que la sentencia «respalda plenamente» la actuación de la empresa municipal.
Pero el foco ya no está en el despido. Está en el PSOE.
Víctor González se desmarca… pero el acusado lo deja en evidencia
El secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González, ha optado por una estrategia clara: cortar por lo sano.
Ha declarado que el afectado «abandonó la ejecutiva en julio» y que solicitó su baja del partido, asegurando que desde entonces no forma parte de los órganos de dirección y que el asunto «nada tiene que ver con el PSOE».
Sin embargo, la versión salta por los aires cuando el propio exconserje afirma que la baja formal aún no se ha tramitado completamente y sigue pendiente ante la Ejecutiva Federal. Es decir: oficialmente, el vínculo no estaría cerrado.
Mientras el líder socialista local intenta desentenderse del caso, el propio implicado reconoce que administrativamente sigue dentro del partido.
La pregunta es inevitable:
¿Se trata de una salida real o de un intento de apagar el incendio mediático sin cortar del todo la conexión?
Silencio sobre el fondo
González ha anunciado que el PSOE no entrará «ni en esta ni en ninguna sentencia» porque, según sostiene, se trata de un asunto que «nada tiene que ver» con el partido.
Pero la oposición insiste en que sí tiene que ver cuando el implicado ocupaba responsabilidades orgánicas vinculadas a datos, programa y modelo de ciudad.
El PSOE habla de uso partidista de medios municipales. El PP y el GIPMTM hablan de gravedad institucional.
Lo que queda es una sentencia firme, un intento acreditado de llevarse documentación sensible y una dirección local socialista que trata de marcar distancias mientras el propio afectado admite que su baja aún no está completamente cerrada.
En Vélez-Málaga, el caso ya no es solo laboral. Es político. Y el desgaste acaba de empezar.