La página Vélez-Costa y su autor intentan alterar el orden del consejo de EMVIPSA
Todo tiene un límite y la página de Facebook 'Vélez-Costa' y su autor ya lo han sobrepasado. Su actitud vengativa tras un despido procedente (según sentencia de un juzgado) de la empresa donde trabajaba como conserje le llevó a crear un espacio para la difamación, el odio y señalamiento de personas por pertenecer a un partido político (o por ser simplemente de Torre del Mar). De hecho, son ya varias las denuncias que ha recibido la propia página y su autor, además de personas participantes por amenazar de muerte, entre otras lindezas, al primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia.
Hoy ha sido el propio autor quien se ha dedicado a publicar bajo una gravísima irresponsabilidad en redes un texto que directamente señala al consejo de EMVIPSA alentando un aparente ambiente de acoso.
La celebración esta tarde, a las 18:00 horas, de ese consejo extraordinario y urgente de EMVIPSA en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha quedado ensombrecida por la publicación en redes sociales en la página mencionada, que muchos consideran de una enorme gravedad por el clima que genera y por el señalamiento directo que promueve.
La página de Facebook Vélez-Costa, conocida desde hace meses por su línea de ataque constante y generador de bulos contra el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar, difundió un mensaje en el que no solo informa de la celebración del consejo, sino que además anima de forma explícita a que los afectados acudan al lugar "si quieren pedir explicaciones a los culpables de dicha situación". No es una simple publicación informativa. Es un mensaje que apunta, señala y calienta el ambiente en torno a una reunión cerrada, interna y no abierta al público.
Y ese matiz es clave. No estamos hablando de un pleno ordinario ni de una convocatoria ciudadana. Se trata de un consejo de una empresa pública al que únicamente pueden acceder consejeros y cargos vinculados a la misma. Por tanto, lanzar en redes sociales la ubicación, la hora y un mensaje orientado a que la gente vaya a exigir responsabilidades a supuestos "culpables" supone, como mínimo, una actuación profundamente temeraria e impropia de quien conoce perfectamente el efecto que puede tener una llamada así en un contexto de crispación.
Lo ocurrido no puede blanquearse como libertad de expresión ni como mera denuncia política. Cuando se deja de informar para empujar a la gente a acudir a un acto cerrado, cuando se sugiere que hay que ir a buscar a "los culpables", lo que se está haciendo es alimentar un escenario de presión, hostigamiento y posible alteración del orden. Es una forma de agitación pública que puede derivar en un escrache en toda regla.
Resulta especialmente preocupante que se intente convertir una reunión institucional en una especie de plaza pública para el señalamiento, la intimidación y el linchamiento político. Quien redacta y difunde un mensaje así sabe perfectamente que no está convocando a la calma, ni al análisis, ni a la defensa serena de ninguna causa. Está echando gasolina sobre un conflicto muy sensible y jugando con la indignación de personas para dirigirla contra terceros.
Por eso, son cada vez más las voces que consideran que la Policía y las autoridades competentes deberían actuar de forma preventiva ante una publicación de este tipo, valorando si puede constituir una incitación a concentrarse indebidamente en un acto cerrado y a generar tensión contra personas concretas. La seguridad institucional no puede dejarse al albur de quienes usan las redes sociales para azuzar a la masa y después pretenden presentarse como simples observadores.
En democracia caben las críticas, las protestas y las reclamaciones. Lo que no debería caber es el uso de plataformas digitales para señalar a supuestos responsables, empujar a un grupo de personas a acudir a un acto no público y propiciar un ambiente de acoso. Eso no es informar. Eso es agitar. Y cuando se juega con fuego en un asunto tan delicado, quien lo hace debe asumir la responsabilidad política, social e incluso legal de sus actos.