Las radios FM ilegales de Vélez-Málaga, bajo sospecha: la Junta ya tiene identificadas las licencias y el resto queda en el punto de mira
El panorama radiofónico de Vélez-Málaga vuelve a quedar bajo una sombra incómoda: la Junta de Andalucía tiene perfectamente delimitado qué emisoras pueden emitir legalmente y cuáles no figuran en el mapa oficial. Y cuando una señal ocupa el dial sin título habilitante, la propia normativa andaluza deja claro que la Administración puede inspeccionar, controlar y sancionar.
En Vélez-Málaga, la relación oficial de prestadores privados de FM recoge como frecuencias con licencia 91,9 FM, 94,5 FM y 104,2 FM. Es decir: el tablero legal está marcado. Y todo lo que emita fuera de ese tablero queda inevitablemente bajo sospecha administrativa.
Aquí no hay margen para el disfraz. El régimen andaluz de radiodifusión establece que la explotación de emisoras FM requiere concesión o licencia otorgada por la Junta, y además atribuye a la Administración autonómica las facultades de inspección y control tanto sobre emisoras con título habilitante como sobre actividades de emisoras que no dispongan de él. Dicho de forma más clara: si alguien está ocupando el dial sin permiso, la Junta puede actuar.
Y no se trata de una posibilidad teórica. En el Parlamento andaluz quedó recogido que, tras una denuncia, se realizó un requerimiento de cese sobre cinco emisoras y se verificó el apagado de las emisiones denunciadas. En ese mismo debate parlamentario se llegó a hablar abiertamente de emisiones sin licencia y de cierres vinculados a esas actuaciones.
Por eso, la gran pregunta en Vélez-Málaga ya no es si existe un marco legal. Existe, está publicado y señala con precisión quién tiene cobertura administrativa para emitir. La pregunta real es otra: cuántas señales pueden estar sonando fuera de ese perímetro oficial mientras la Junta estrecha el cerco sobre las emisiones sin licencia.
Porque una cosa está clara: en la radio local ya no vale cualquier cosa. Las emisoras legales están en los registros. Las demás, si las hay, se arriesgan a entrar de lleno en el radar de inspección. Y cuando la Junta mueve ficha, el mensaje es rotundo: el dial no es tierra de nadie.