Padilla permite en 'Vélez-Costa' una oleada de comentarios con insultos, acusaciones falsas y ataques personales contra Jesús Pérez Atencia

Con casi una decena de denuncias ya interpuestas en su contra, Padilla no cesa en su labor de exposición pública de Atencia. Una acción que en breve podría acarrearle problemas judiciales de gran calado. Según nos informan, las citaciones ya podrían haber tenido lugar, puesto que la actividad que podría estar haciendo en la página Vélez Costa cuenta ya con elementos graves. 

Lo que podría ser un espacio de debate político o de crítica ciudadana se ha convertido, según muestran varias capturas difundidas en redes, en un muro donde se toleran expresiones ofensivas, acusaciones personales, insinuaciones sobre la vida privada, insultos directos y comentarios que podrían vulnerar el derecho al honor.

Entre los mensajes publicados en los comentarios de Vélez-Costa aparecen frases como "tonto más que tonto", "mundo asqueroso", "ponte a trabajar, perro", "te vas a comer una mierda", "delincuentes", "quién es el cara cerdo este" o "sinvergüenza". También se han vertido acusaciones de especial gravedad, como llamar a una persona "corrupto comisionista", acusarle de "manejar a la gente como quiere" o insinuar que existen familias enchufadas, ligues colocadas y favores personales en el entorno municipal.

La cuestión no es menor. Una cosa es criticar la gestión pública, cuestionar decisiones políticas o fiscalizar la actuación de un cargo público. Otra muy distinta es permitir que una página se convierta en un espacio de ataques personales, insultos, burlas sobre la vida privada, acusaciones de corrupción o comentarios degradantes.

Desde el punto de vista legal, este tipo de publicaciones podría abrir varias vías. Las calumnias se producen cuando se imputa falsamente un delito a una persona; las injurias afectan a expresiones o acciones que lesionan la dignidad y menoscaban la fama o la propia estimación; y los llamados delitos de odio tienen un encaje más concreto cuando existe incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos protegidos por la ley. El Código Penal recoge las calumnias en el artículo 205, las injurias en el artículo 208 y los delitos de odio en el artículo 510.

Además, la responsabilidad no tiene por qué recaer únicamente en quien escribe el comentario. El Tribunal Supremo ya ha señalado que el titular de una cuenta de Facebook con capacidad de administración y control puede llegar a responder por comentarios publicados por terceros en su perfil público cuando no actúa para retirarlos o moderarlos.

Por tanto, si los afectados deciden actuar, las consecuencias podrían pasar por la recopilación de capturas, identificación de perfiles, requerimientos de retirada, acciones civiles por vulneración del derecho al honor e incluso denuncias o querellas si los mensajes superan el umbral penal. En especial, los comentarios que atribuyen corrupción, delitos, enchufismo concreto o conductas personales degradantes podrían ser analizados uno a uno por los servicios jurídicos.

El caso de Vélez-Costa plantea una pregunta evidente: ¿estamos ante una página de información local o ante un espacio donde se permite sistemáticamente el ataque personal contra un responsable público concreto?

La crítica política es legítima. La fiscalización es necesaria. La libertad de expresión protege opiniones duras, incómodas y molestas. Pero esa libertad no convierte en impune cualquier insulto, acusación o señalamiento personal. Cuando una página permite de forma reiterada comentarios de este tipo, y además participa directamente en algunos de ellos, la frontera entre opinión y posible responsabilidad legal empieza a estrecharse.

Ahora queda por ver si Vélez-Costa decide moderar, retirar o limitar estos mensajes, o si mantiene una dinámica que podría terminar teniendo consecuencias para los autores de los comentarios y, eventualmente, para quienes administran y permiten su difusión.