Primeros indicios apuntan a una mujer de la zona como presunta autora del montaje que suplantó la imagen de un periódico local para atacar al GIPMTM y a Atencia
La difusión de una imagen manipulada en la que se utilizaba de forma fraudulenta la cabecera de Correo de la Axarquía para atribuir al medio una supuesta noticia falsa sobre Jesús Pérez Atencia y el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar podría tener ya una primera línea de investigación.
Según las primeras averiguaciones conocidas por este medio, los indicios iniciales apuntan a que la presunta autora del montaje sería una mujer de alrededor de 48 años, vecina de la zona, con una actividad pública en redes sociales marcada por mensajes especialmente críticos, despectivos e incluso insultantes contra el GIPMTM, contra dirigentes del Grupo Independiente y contra este períodico local en cuestión del cual se ha usado su imagen de cabecera.
Conviene subrayar que se trata, por el momento, de indicios preliminares, que deberán ser confirmados en sede policial o judicial si finalmente se formalizan las acciones legales anunciadas. La persona señalada por esas primeras sospechas mantiene, como cualquier ciudadano, su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la gravedad de los hechos obliga a poner el foco sobre una práctica que supera ampliamente la crítica política legítima.
No hablamos de una opinión dura, de una discrepancia política ni de un comentario desafortunado. Hablamos de la presunta fabricación de una falsa publicación periodística, utilizando la imagen corporativa, la cabecera y el nombre de un medio real para dar apariencia de veracidad a una acusación no publicada por dicho medio.
Una maniobra que cruza todas las líneas rojas
El montaje difundido no solo intenta dañar la imagen de una formación política y de sus representantes. También golpea directamente contra la credibilidad de la prensa local, utilizando de manera indebida la identidad visual de un periódico para engañar a los vecinos y hacerles creer que una información falsa había sido publicada por un medio reconocido en la comarca.
Fuentes consultadas consideran que esta actuación podría responder a una estrategia de desgaste basada en el bulo, la manipulación y el ataque personal. Una forma de hacer política desde el barro que no busca debatir ideas, sino intoxicar el debate público y fabricar sospechas.
La crítica política es legítima. La fiscalización es necesaria. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero ninguna de esas garantías ampara la creación de montajes, la atribución falsa de contenidos a terceros ni el uso fraudulento de una cabecera periodística para intentar convertir una mentira en noticia.
Posibles consecuencias penales y civiles
A falta de la valoración definitiva de los tribunales, hechos de esta naturaleza podrían llegar a analizarse desde varias perspectivas jurídicas. Si el contenido falso atribuye hechos delictivos o gravemente lesivos para el honor, podría entrar en el terreno de las calumnias o injurias, especialmente si se ha difundido con publicidad. El Código Penal contempla penas para las calumnias e injurias, y prevé un tratamiento agravado cuando se propagan públicamente.
Además, la utilización de una identidad ajena, una cabecera o una apariencia corporativa para inducir a error puede abrir la puerta a estudiar otras figuras jurídicas, dependiendo del alcance de la suplantación, del perjuicio causado y del uso concreto del montaje. El Código Penal regula, entre otras cuestiones, la falsedad documental en documentos privados y el uso de documentos falsos cuando se actúa para perjudicar a otro.
En paralelo, también podría plantearse una reclamación por la vía civil por vulneración del derecho al honor, a la propia imagen o a la reputación profesional del medio afectado y de las personas aludidas. La Ley Orgánica 1/1982 protege frente a intromisiones ilegítimas en el honor, la intimidad y la propia imagen.
Dicho de forma clara: quien fabrica un bulo con apariencia de noticia no solo se expone al reproche público. También puede acabar teniendo que responder ante la Justicia, asumir responsabilidades económicas y afrontar consecuencias penales si se acredita la autoría, la intención dañina y el perjuicio causado.
El rastro digital puede ser clave
En este tipo de casos, la investigación puede centrarse en el origen de la imagen, los perfiles que la difundieron por primera vez, los metadatos del archivo, los mensajes previos, los patrones de publicación y la posible relación entre el contenido manipulado y publicaciones anteriores de la persona investigada. Incluso la solicitud de las cámaras de vigilancia de la zona para comprobar la identidad de la persona.
Las redes sociales no son un territorio sin ley. Cada publicación, cada reenvío y cada manipulación deja un rastro. Y cuando se utiliza una cabecera periodística real para fabricar una mentira, el daño ya no se limita al adversario político: se ataca también la confianza de los ciudadanos en la información.
El GIPMTM estudia acciones
El Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar y el periódico han negado de forma tajante la veracidad de la imagen difundida. El medio ha confirmado que no publicó ese contenido, mientras que el GIPMTM ha denunciado públicamente lo que considera una maniobra grave para manchar el nombre de personas, familias y una formación política con implantación en el municipio.
El GIPMTM estudia acciones oportunas para defender su honorabilidad y depurar responsabilidades por el uso indebido de una cabecera periodística y la difusión de una información falsa con apariencia de noticia.
La política puede ser dura. La oposición puede ser firme. La crítica puede ser incómoda. Pero fabricar una falsa portada, ponerle el nombre de un medio de comunicación y lanzarla a las redes para destruir reputaciones no es crítica: es una práctica tóxica, irresponsable y potencialmente perseguible.
Y si finalmente se confirma la autoría que señalan los primeros indicios, la persona responsable podría encontrarse ante algo mucho más serio que una polémica en redes: podría acabar dando explicaciones ante un juzgado.