Víctor González y su discurso 'asustaviejas' donde no menciona a Koldo, Ábalos o Pedro Sánchez ¿Cómplice por pertenencia?
El debate sobre la vivienda protegida ha vuelto al primer plano municipal después de que el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Víctor González, haya cargado contra el actual equipo de gobierno formado por PP y GIPMTM por impulsar nuevas promociones de VPO. Una crítica que ha generado polémica al recordar muchos que, durante los ocho años en los que el socialista formó parte del Ejecutivo local, no se materializó ni una sola promoción de este tipo.
La situación ha abierto un debate político evidente: quienes no construyeron vivienda protegida cuando tenían responsabilidad directa ahora cuestionan a quienes sí han puesto proyectos en marcha.
Las críticas a la empresa promotora
González ha puesto el foco en la empresa encargada del proyecto, Galivivienda, aludiendo a problemas surgidos en Galicia. Entre ellos, cooperativistas del barrio coruñés de Xuxán llegaron a denunciar presiones económicas y cambios en las condiciones de financiación o retrasos y dudas sobre la financiación vinculada a préstamos del ICO, lo que generó preocupación entre los socios del proyecto y que ya están resueltos sin mayor problema.
González no menciona, curioso, que otras informaciones apuntan a que la administración gallega ha llegado a garantizar la viabilidad de promociones de vivienda protegida de la cooperativa mediante ayudas directas para asegurar su desarrollo.
Una empresa con actividad y respaldo cooperativo
La propia compañía defiende que promueve viviendas "a riguroso precio de coste", controlando todo el proceso constructivo y actuando bajo el código ético exigido por su pertenencia a organizaciones cooperativas del sector.
Además, destaca su objetivo de ofrecer vivienda en condiciones de calidad y precio adecuadas para los socios, lo que refuerza la idea de que se trata de una firma con estructura y proyectos activos dentro del mercado residencial.
El argumento de la "culpa por pertenencia"
Siguiendo ese mismo razonamiento, el debate político ha derivado hacia una reflexión cargada de ironía en el ámbito municipal: si se puede poner bajo sospecha un proyecto de vivienda por las polémicas aisladas que hayan afectado a una empresa concreta como Galivivienda, ¿hasta dónde debería llegar ese criterio?
Aplicando esa lógica de forma estricta —y siempre en el terreno de la crítica política— algunos se preguntan si habría que exigir explicaciones al propio Víctor González por los distintos escándalos que han salpicado al PSOE a lo largo de los años. ¿Sería entonces "cómplice", conocedor o incluso responsable indirecto por el mero hecho de compartir siglas? Evidentemente no.
El planteamiento resulta evidentemente irónico, pero busca evidenciar lo que desde el gobierno local consideran una "doble vara de medir": cuestionar la solvencia de un proyecto por controversias externas y muy lejanas mientras se obvia que la responsabilidad, en democracia, es siempre individual.
España ha conocido casos de enorme repercusión como el de Koldo, Ábalos, Griñán o Manuel Chaves. Sin embargo, extrapolar esas conductas a cualquier cargo socialista 'de pueblo' sería tan discutible como atribuir automáticamente a un proyecto urbanístico los problemas ocurridos en otra comunidad autónoma y de manera puntual.
La comparación, por tanto, no pretende establecer responsabilidades reales, sino subrayar la contradicción política: si se desacredita una iniciativa por asociación, ese mismo criterio podría volverse contra quien lo utiliza. Y ahí es donde el debate deja de ser técnico para convertirse, claramente, en un choque de estrategias políticas.
Vivienda, el eje del choque político
El fondo del debate sigue siendo la necesidad de vivienda asequible en el municipio. Mientras la oposición aboga por asustar y crear duda entre los vecinos, el gobierno local defiende que lo prioritario es ampliar la oferta para facilitar el acceso a los veleños.